Paralelismos con la pre Guerra Civil Española Alejandro Peña Esclusa Viernes, 1 de septiembre de 2000 En respuesta a un artículo de nuestra autoría, fue publicado en Venezuela Analítica un interesante análisis del Ing. Juan Francisco Salas Romero (Madrid), quien intenta negar las similitudes entre los acontecientos que desembocaron en la Guerra Civil Española y el curso de colisión que lleva Venezuela. En su artículo, Salas Romero hace un recuento de los antecedentes que llevaron a la preguerra, desde 1898 hasta 1936, incluyendo la pérdida de Cuba y Filipinas, argumentado que hubo numerosos hechos que fueron incubando la guerra, enteramente disímiles a los que vive Venezuela. La primera, y quizá la más importante, corresponde a lo que describió entonces el obispo de Salamanca, don Enrique Pla y Deniel, respecto a que la Guerra Civil no fue meramente un enfrentamiento entre bandos nacionales, sino una feroz batalla de fuerzas internacionales en territorio español. En Venezuela, el papel que juega Fidel Castro y su Foro de Sao Paulo en nuestra política interna es idéntico al que tuvo Stalin en España en su oportunidad. La segunda es la política suicida que siguió Azaña en contra de las instituciones, particularmente la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, tratando de imponer a España una identidad que no le era propia. No en vano el dirigente derechista José María Gil Robles advirtió que "una masa considerable de opinión que es, por lo menos, la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir". Chávez también, en forma suicida, intentar imponer a Venezuela un modelo contrario a su identidad nacional, generando ardiente rechazo en "la otra mitad de la nación". La tercera es la incapacidad manifiesta que tuvo Azaña -y ahora Chávez- en resolver los verdaderos problemas del país, particularmente los económicos, enzarzándose, en cambio, en ataques y persecuciones estériles en contra de la oposición. La cuarta es la grave polarización que se dio en España -y ahora en Venezuela- durante el período de la preguerra. Esperemos que la nuestra, a diferencia de aquella, no sea irreversible. Y la quinta es el uso -por parte del Frente Popular de Azaña y del Polo Patriótico de Chávez- de procedimientos ilegales para el control absoluto del poder, cerrando así las puertas a una respuesta pacífica por parte de la oposición y practicamente impulsándola a la rebelión. Aclaramos que nuestro interés no es alarmar a la ciudadanía, ni hacer pronósticos catastróficos, pero no es negando la realidad como se previenen los desastres, sino justamente presentándola tal cual es, a fin de encontrar caminos para evitar el inminente mal. Por eso, y en vista del interés que ha despertado el tema, hemos ampliado nuestro artículo original para aportar mayores elementos de análisis, añadiéndolo, a continuación, en este texto: -Paralelismos, versión ampliada- El 17 de julio de 1936 marca el comienzo de la cruenta y dolorosa Guerra Civil Española, que produjo un saldo de un millón de muertos, precedida por una serie de acontecimientos y enfrentamientos políticos que, como veremos, se asemejan a los que hoy vive Venezuela. El 14 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII abandona España y se da inicio a la llamada Segunda República, con un gobierno de corte izquierdista –presidido por Niceto Alcalá Zamora-- que se dedica a acabar las "cúpulas corruptas" del pasado. A fin de controlar todo el poder, el Gobierno decide someter al sector militar, destruir a la Iglesia Católica y elaborar una nueva Constitución. Las "reformas" militares se le encomiendan al entonces ministro de Guerra (y más tarde Presidente) Manuel Azaña, quien pide juramento de fidelidad a la República a todos los oficiales, bajo pena de expulsión de las Fuerzas Armadas. A los pocos días, apareció un decreto mediante el cual se ofrecía a los militares activos la posibilidad de renunciar a la carrera con el sueldo íntegro; pero, de no lograr el número de bajas deseadas, el Gobierno actuaría forzosamente, sin dar las ventajas del retiro voluntario. Con estas medidas se obtuvo la baja de 6.500 oficiales. Además, se redujo a la mitad el número de divisiones, se recortó el número de regimientos, se acabó con el fuero militar, y se desmilitarizó el sector de la industria militar. En cambio, la República incrementó notablemente los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público. La Guardia Civil aumentó en 7.000 hombres. Los ascensos dejaron de ser un asunto de mérito y profesionalidad, para ser otorgados en forma sectaria a los militares que fuesen leales al partido. Posteriormente, Azaña se jactó textualmente de haber logrado la "trituración" del sector militar, pero en la práctica sólo logró una peligrosa división que desembocó en la guerra civil. En nuestro caso, el gobierno venezolano aparentemente ha fortalecido a los militares, nombrándolo por ejemplo en numerosos cargos civiles, pero sólo a los afectos la régimen. En la práctica, a la institución como tal se le ha debilitado, apartándola de las funciones que le son propias (Plan Bolívar 2000), desgastando el equipo militar en actividades de tipo social, y politizando abiertamente a la Fuerza Armada. Además, el método aplicado para los ascensos es idéntico al de Azaña. Mientras tanto, se ha fortalecido a la Disip, otorgándole mayores recursos y responsabilidades de inteligencia. Todo lo cual ha ocasionado una profunda división en el sector militar. -Los ataques a la Iglesia y la nueva Constitución- El 11 de mayo de 1931, turbas revolucionarias parecidas a las boinas rojas nuestras, protagonizan horrendos disturbios en Madrid, quemando templos y conventos católicos, sin que el Gobierno tome medidas para reprimir a los incendiarios, que al día siguiente repiten acciones similares en diversas ciudades españolas. Días después, el Gobierno expulsó del país al obispo de Vitoria y al cardenal de Toledo. Ese mismo año se promulgó la nueva Constitución que excluía la Iglesia de la enseñanza. Azaña afirmaba públicamente que "España había dejado de ser católica". El Gobierno de Chávez no ha llegado tan lejos, pero los actuales directivos de la Conferencia Episcopal Venezolana han afirmado públicamente que nunca antes un gobierno había sido tan adverso a la Iglesia. Los ataques contra la Iglesia no cesaron y, al contrario, se fueron radicalizando --lo cual provocó la intervención papal contra la República en la encíclica Dilectissima Nobis-- hasta llegar a las abominaciones cometidas durante la guerra. A finales de julio de 1936, por citar un ejemplo, las milicias izquierdistas asesinaron en Toledo a 286 sacerdotes, la mitad del clero de la diócesis. La Constitución promulgada el 9 de diciembre de 1931 no presentó ninguna reivindicación positiva, fue un mero instrumento de revancha en contra de los poderes constituidos anteriormente. El primer Presidente que tuvo la República, Alcalá Zamora, escribió años más tarde que en la Constitución "el azar, ya que no el capricho, determinó la fortuna de varios preceptos", añadiendo que "se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España". Tal como ocurrió con la Asamblea Constituyente venezolana de 1999, la Constitución española de 1931 se hizo, según Alcalá Zamora, "de espaldas a la realidad nacional", porque influyó "decisivamente, el espíritu de soluciones tendenciosas, imponiendo una fuerza parlamentaria pasajera, y no representativa de la verdadera y total voluntad española... se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil". El historiador Ricardo de la Cierva opina que La República "enzarzada en la revancha contra el pasado, dejó pasar las verdaderas reformas". En efecto, en lugar de enfrentar la crisis económica, proveniente en parte de la crisis mundial de 1929, el Gobierno se dedicó sólo a lo político, dejando a 700 mil españoles sin empleo. Cuando la derecha accedió al poder, luego del estrepitoso fracaso de los izquierdistas, no llevó a cabo un programa económico de desarrollo, aunque hubo interesantes iniciativas como las de los ministros del Trabajo y de Obras Públicas, Federico Salmón y Luis Lucía, sino que puso en práctica un programa de austeridad (similar a los del Fondo Monetario Internacional) propuesto por el ministro de Economía, Joaquín Chapaprieta. En lugar de generar empleo masivamente, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt durante esos mismos años en los Estados Unidos, el gobierno centro-derechista de 1935 prefirió "reducir el déficit fiscal", provocando así más desempleo y más recesión. Aunque con otras palabras, el argumento que se utilizó para llevarlo a cabo fue el mismo que se usa hoy día: hay que primero estabilizar las cifras macroeconómicas para luego iniciar una etapa de fomento a la inversión y al desarrollo; si bien ésta nunca llega. Irónicamente, el fracaso del plan luego se justificó, al igual que se ha hecho en Venezuela, particularmente durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, argumentado que el programa de austeridad "no se supo vender bien a la opinión pública". -Se profundiza la división del país- En 1935, la polarización de la población en dos bandos antagónicos se manifiesta en la calle. Se trata de dos bloques ya irreconciliables que llenan mítines y actos proselitistas y que tienen cada vez menos disposición a convivir el uno con el otro. Por lo pronto, los enfrentamientos son verbales y no llegan al derramamiento de sangre, pero sirven para incubar un ambiente de hostilidad que después desembocará en violencia. En Venezuela, se diría que existe un solo bando poderoso y organizado, el del Gobierno, pero eso es aparente y momentáneo, basta leer los cientos de artículos de opinión que diariamente aparecen en la prensa para darse cuenta que la otra mitad de Venezuela se siente profundamente amenazada y tiende a organizarse aceleradamente para defender sus intereses. En cuanto al poder del Gobierno, se debilita en la misma medida que se deteriora la economía. Tal era el rechazo mutuo y la desconfianza en los procesos formales en España, que los líderes de la izquierda y de la derecha afirman abiertamente que, en caso de que les fuesen adversos, no acatarían el resultado de las elecciones a realizarse el 15 de febrero de 1936. Pese a sus diferencias, las izquierdas iban unidas al proceso comicial a través del Frente Popular (similar a nuestro Polo Patriótico); no en balde Josef Stalin había fomentado las alianzas entre comunistas y demás partidos de izquierda, tal como hoy en día lo hace Fidel Castro en América Latina a través del Foro de Sao Paulo. Las derechas, en cambio, iban desunidas. Francisco Largo Caballero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), decía el 25 de enero: "Si triunfan las derechas no habrá más remisión; tendremos que ir a la guerra civil declarada. No se hagan ilusiones las derechas, ni digan que esto son amenazas: son advertencias". Dos días antes, el líder comunista Jesús Hernández había dicho: "Nosotros siempre hemos aspirado a formar un partido único, un partido que no tenga nada que ver directa ni indirectamente con las fuerzas de la burguesía; un partido que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado". Por su parte, el dirigente falangista José Antonio Primo de Rivera hacía el 2 de febrero una encendida proclama donde anunciaba de antemano su rechazo a los resultados electorales si ganaban las izquierdas: "¿Quiénes les han dicho que la revolución se gana con candidaturas?... Si el resultado de los escrutinios es contrario, peligrosamente contrario a los eternos destinos de España, la Falange relegará con todas sus fuerzas las actas de los escrutinios al último lugar del menosprecio", dijo. Apenas tres días antes de que se realizaran, José Calvo Sotelo, líder del Bloque Nacional, pronunció un discurso repudiando las elecciones: "La revolución no se bate en las urnas", dijo, añadiendo que "la obediencia es la contrapartida de la legalidad. Y cuando falta la legalidad, en deservicio de la patria, sobra la obediencia". Al anochecer del 16 de febrero se producen los escrutinios y comienzan a difundirse los resultados. El Frente Popular había vencido ampliamente a las derechas en el cómputo de diputados, pero sin lograr la mayoría absoluta: 200 escaños frente a 150. Sin embargo, el Frente rompe las urnas, cambia las actas en algunas circunscripciones, y arrebata a las derechas la mayoría absoluta, logrando fraudulentamente 278 escaños frente a 137. Las autoridades electorales hicieron caso omiso a los reclamos, así como nuestro Consejo Nacional Electoral ignora actualmente las numerosas y bien fundamentadas impugnaciones de las elecciones del 30 de julio del 2000. Azaña subía de nuevo al poder el 19 de febrero de 1936 y los izquierdistas, en medio de la euforia, se sentían imbatibles, pero la realidad era otra, mucho más trágica; el fraude cerró definitivamente las puertas al diálogo y a la reconciliación, iniciándose así la cuenta regresiva para un levantamiento armado, que efectivamente ocurrió cinco meses más tarde. El nuevo gobierno, presionado por las bases, se radicalizó. Repitió, en forma acentuada, la política de persecución contra la oposición. Proclamó la estatificación de la educación. Aceptó, e incluso legalizó, las invasiones de terrenos y fincas privadas. Las muchedumbres sacaron de las cárceles a los presos del alzamiento ocurrido en octubre del año 1934. Finalmente, comienzan los asesinatos políticos. Bajo el título Media nación no se resigna a morir, el diario católico El Debate reproducía el 16 de abril de 1936 las palabras pronunciadas el día anterior en el Congreso por el diputado derechista José María Gil Robles: "Una masa considerable de opinión que es, por lo menos, la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir: os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino se defenderá por otro. Frente a la violencia que desde allí se propugne surgirá la violencia por otro lado, y el poder público tendrá el triste papel de mero espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar, material y espiritualmente, la nación". La protesta se concretó, en efecto, en torno al Ejército, como relataría luego el propio Gil Robles. Aunque la sublevación militar estaba ya en marcha, el horrible asesinato del diputado Calvo Sotelo, cometido el 13 de julio por efectivos de la Guardia Civil afectos al Gobierno, precipitó los acontecimientos: el 18 de julio el general Franco hacía público el levantamiento, que ya había comenzado con las tropas acantonadas en Marruecos y se extendía por todo el país. La guerra civil española era un hecho. -La revolución devora a sus padres- Analizándolo retrospectivamente, no fue propiamente el Gobierno el que deseaba la guerra, aunque cometió graves errores; fueron los más radicales del Frente Popular quienes, incluso en contra de su mismo Gobierno, deseaban acciones más tajantes que la legalidad democrática les impedía llevar a cabo. El propio presidente Azaña así lo confesó luego: "No se entenderá nada de la situación en la España republicana durante los primeros meses de la guerra" –escribió Azaña- "si no se tiene presente que para buen número de los agredidos el alzamiento militar era, si no un hecho venturoso, una coyuntura favorable, que podía y debía aprovecharse para cortar los nudos que los procedimientos normales del tiempo de paz no habían logrado desatar, y para resolver radicalmente ciertas cuestiones que la República dejaba en suspenso". Las palabras de Azaña respecto a los propios izquierdistas que llevaban a cabo la "revolución" son aún más dramáticas, sobre todo teniendo en cuenta que provienen del mismísimo Presidente: "Por rechazo a la insurrección militar, se produce un levantamiento proletario, que no se dirige contra el Gobierno mismo. Secuestran bienes y personas, muchas perecen sin pasar ante ningún tribunal, se expulsa o se mata a los patronos, a los técnicos que no inspiran confianza... Llamamos a todo esto revolución, porque es demasiado vasto y grave para dejarlo en motín... La obra revolucionaria comenzó bajo un Gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla. Los excesos comenzaron a salir a la luz ante los ojos estupefactos de los ministros. Recíprocamente al propósito de la revolución, el del Gobierno no podía ser más que adoptarla o reprimirla. Menos aún que adoptarla podía reprimirla. Es dudoso que contara con fuerza para ello. Seguro estoy de que no las tenía. Aún teniéndolas, su empleo habría encendido otra guerra civil. Cundía y se tomaba en serio la amenaza de abandonar el frente. ¿Cómo se llama una situación causada por un alzamiento que empieza y no acaba, que infringe todas las leyes y no derriba al Gobierno para sustituirse a él, coronada por un Gobierno que aborrece y condena los acontecimientos y no puede reprimirlos ni impedirlos? Se llama indisciplina, anarquía, desorden". Evidentemente, la revolución habría sobrepasado a sus mentores. Esta precisión es muy útil para los venezolanos, sobre todo para el actual Gobierno, que con sus discursos incendiarios y con sus peligrosas relaciones internacionales está abriendo una caja de Pandora, desatando fuerzas que luego no podrá controlar –como le ocurrió a Azaña- y que incluso le serán adversas cuando no satisfaga sus intereses. -¿Quién se benefició?- Una vez comenzada, la guerra adquirió vida, generando su propia dinámica. Ambos bandos debieron recurrir a la ayuda exterior que, como veremos, no fue gratuita. El obispo de Salamanca, don Enrique Pla y Deniel, lo describiría así: "la guerra civil española, independientemente de la voluntad de las partes en conflicto, es con absoluta evidencia una lucha internacional en el campo de batalla nacional". En Venezuela, muchos han manifestado públicamente su preocupación de que se materialice un apoyo militar al presidente Chávez por parte de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana en caso que lo llegase a necesitar para sofocar un conflicto interno. En España, el apoyo comunista no fue una mera preocupación sino una triste realidad. La intervención internacional, de lado y lado, fue flagrante, pero sobre todo por parte de Rusia, que directamente envió más de 1.100 aviones e indirectamente tropas comunistas de diversas nacionalidades. Como contrapartida, Stalin exigió desde el principio de la guerra el oro español de las reservas, que el gobierno de Azaña le suministró a través del envío de casi 10.000 cajas. Como puede verse, no fueron los españoles quienes se beneficiaron con la guerra, sino intereses extranjeros que presuntamente fungían como aliados. Sirva esta amarga experiencia como lección. Un conflicto interno jamás beneficiaría los venezolanos, sino a quienes desde el exterior buscan algún provecho; ya sean los del Foro de Sao Paulo, que pretenden expandir su influencia en América Latina con el apoyo del gobierno venezolano, o las empresas transnacionales que, aprovechándose de nuestras luchas intestinas, quisieran quedarse con el petróleo a "precio de gallina flaca". Por: Alejandro Peña Esclusa |